Una Ley para la colaboración

La redacción de una nueva Ley de Libertad Religiosa volvió ayer a la palestra de la actualidad de la mano del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. A nadie se le escapa la necesidad de esta Ley en un contexto social que tiene como nota distintiva la inmigración masiva. Dejando de lado disquisiciones teoréticas sobre el multiculturalismo, es un hecho que la variedad de nacionalidades va conformando en nuestro país un nuevo entramado social. Polémicas como la del velo islámico son tan sólo la cabeza del puntiagudo iceberg que constituye la discusión acerca del papel de las religiones en la sociedad.

Un debate de este tipo debe superar las posturas enconadas a las que nos tienen acostumbrados los partidos que con sus discursos ideológicos -y demasiadas veces demagógicos- configuran el horizonte político de la España actual. Además, por la importancia del tema es necesario dar cabida en el diálogo a otras estructuras intermedias entre el Estado y el Pueblo, como son la Universidad y las distintas confesiones religiosas. Un debate así no puede tener como punto de partida el laicismo al que nos tiene acostumbrada la izquierda. De hecho, el mayor engaño de esta postura, autocalificada de progresista, es la de considerar la religión como algo propio de la esfera de “lo privado”. Tomar esto como principio es preferir el abismo separador al puente del entendimiento. Por el contrario, la categoría que mejor permite entender el fenómeno religioso es la de “lo personal". Decir que la religión es un asunto personal protege al Estado y a las confesiones religiosas. Al primero lo libra de la sombra de la teocracia. A las religiones, les asegura la actuación libre en sociedad sin el peligro de un intervencionismo estatal omnímodo. Así pues, la religión no es algo privado ni es algo público, sino que entra en el ámbito de los derechos de las personas y permite que sus expresiones tengan en la sociedad un lugar propio que no es concesión de la benevolencia del gobierno de turno. Esta consideración es necesaria para el diálogo continuo que requiere el avance hacia el bien de todos y cada uno de los españoles.

Ahora bien, para lograr esto es necesario ser respetuosos con la letra y el espíritu de la Constitución de 1978 que en su artículo 16 garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley". A continuación añade que, "sin tener ninguna religión carácter estatal", "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española". Sobre esto, se establece un régimen de cooperación con la Iglesia Católica, a la que se nombra específicamente.

¿Cómo entender este régimen de colaboración? Colaboración no quiere decir sumisión y tampoco subsidiariedad. El Estado tiene su campo de acción y la Iglesia el suyo. Ambos se reconocen la positividad de sus acciones y se apoyan. En este respeto mutuo, para que el legislador elabore una ley justa, habrá que tener en cuenta lo que aporta la Iglesia Católica al Estado y que no es una minucia. Para ilustrar esta realidad puede servir el cálculo que sobre datos de 2005 realizó el prestigioso economista José Barea: 31.189 millones de euros son los que la labor de la Iglesia ahorra cada año al Estado. Este ahorro proviene fundamentalmente de los 5.141 centros de enseñanza; 107 hospitales; 1.004 residencias (de ancianos, minusválidos, enfermos terminales de SIDA o cualquier otro tipo de desprotegidos); 365 centros de reeducación social de marginados (ex-prostitutas, ex-drogadictos, ex-presidiarios). Todos ellos regentados por la Iglesia.

La nueva Ley deberá tener en cuenta esta realidad y, desde ella, sentar las bases para un gran acuerdo de colaboración que supere la visión restrictiva de la libertad religiosa a la que se nos tiene acostumbrados.

(Sobre la fotografía de la vicepresidenta: ¿Reza?)